en boca del lobo

En la boca del lobo

Por Marisa Herrera

*Algunas de las ideas aquí plasmadas han sido materia de debate y análisis en el grupo de trabajo sobre la reforma judicial feminista del equipo técnico de Justicia dentro del PJ Nacional

Sobre la base de un consenso social generalizado acerca del mal funcionamiento del privilegiado e intocable poder judicial, una revisión crítica es necesaria y urgente. Marisa Herrera desde una perspectiva socio-jurídica pone en el centro de la escena y como protagonista fundamental de este desafío en el campo de los debates políticos nacionales al movimiento feminista popular. ¿Cuáles son las bases mínimas y fundamentales que podemos definir como piso para una Reforma Judicial Feminista? En este artículo y con la garantía de su sobrada experiencia en estos temas, la autora detalla las claves sobre el cómo y el qué reformar. La propuesta: un desarme profundo e integral para reconstruir los cimientos institucionales de la «Justicia».

Por qué es necesaria una reforma judicial feminista

Se podría afirmar —sin hesitación alguna— que habría un consenso social generalizado en torno al mal funcionamiento del Poder Judicial. Es decir, en cuanto a las deficiencias cada vez más severas y acuciantes que muestra el poder del Estado menos democrático. El Poder Ejecutivo y el Legislativo se someten de manera periódica a la voluntad del pueblo, pero ello no sucede con el dedicado a impartir justicia. Además, este se encuentra atravesado por un diseño institucional cuasi-vitalicio que choca con las nociones de oxigenación, apertura y dinamismo propios de un Estado Social y Democrático de Derecho, en contraposición con los Estados monárquicos o aquellos que violentan la idea de República, término que suele estar presente en ciertos ámbitos de discusión más banales (ciertos medios de comunicación). 

Un eslabón más profundo nos obliga a colocar en tensión el resorte de la persecución penal como salida o solución a varios de los conflictos sociales que se dirimen en el Poder Judicial. ¿Acaso no es evidente a esta altura del debate que el derecho penal focaliza más en el autor que en la víctima y su grupo familiar o de afecto? De hecho, es necesario tener en cuenta este último cuando se pretende abordar temáticas como la violencia de género, uno de los tantos ámbitos de fuerte ocupación y preocupación para el movimiento feminista.

En este punto, corresponde colocar en el centro de la escena al movimiento social contemporáneo que más logros, satisfacciones, complejidades y profundidades ha demostrado en los últimos tiempos. ¿Por qué no ir por este sendero a la hora de plantear revisiones críticas tan necesarias como urgentes como a las que invita el Poder Judicial en particular y, en general, la Justicia?

Como bien señala el documento con las conclusiones del Primer Foro Federal de Reforma Judicial Feminista organizado por diferentes organizaciones de base, que el 19 de junio de 2021 de manera virtual albergó a más de cinco mil quinientas personas interesadas en la temática: 

«En los últimos años las mujeres y personas LGBTIQ+ hemos logrado construir un gran movimiento social y poder instalar agenda sobre cuestiones que nos afectan para poder avanzar hacia más derechos. Estamos convencidas de que debemos comprometernos no sólo con nuestra agenda específica, sino que, desde esa agenda, debemos abordar los grandes temas de la política nacional. Uno de ellos es la reforma judicial».

En el calor y fragor del avance y consolidación del movimiento feminista se está debatiendo cada vez con mayor fortaleza y musculatura la denominada «reforma judicial feminista» (en adelante, RJF). Este es el próximo desafío tras la gran conquista de la interrupción voluntaria del embarazo a fines de 2020. Sin lugar a duda, se trata de un reto infinitamente más complejo que aquel porque se pretende interpelar al poder más patriarcal, pétreo, privilegiado, verticalista y sacramental del Estado. En otras palabras, se trata de redoblar los esfuerzos para lograr reconfigurar el poder estatal más anquilosado y enquistado cuyo diseño data de fines del siglo XIX y cuya función principal gira en torno a la necesidad de dar soluciones sociojurídicas a problemáticas del siglo XXI.

En definitiva, el porqué está claro; ahora la tensión se centra en cómo y qué reformar. 

Principios estructurales y estructurantes 

Ser feminista del campo popular y nacional nos posiciona —y condiciona a la vez— para repensar la estructura, composición, funcionamiento e intervención del Poder Judicial en clave de género sobre la base de ciertos preconceptos. Se trata de colocar en el centro de la escena la reflexión antipatriarcal como modo consciente de que las reivindicaciones del feminismo —que involucra no solo a las mujeres, sino también a otras identidades sexuales u otredades— se encuentran solapadas por/en/desde lo masculino, como si ello fuera lo genéricamente humano. El feminismo denuncia la desigualdad de géneros porque en la base misma de la división sexual del trabajo hay un vicio de origen: la adscripción y reserva (sometimiento, opresión, mandatos, estereotipos) de las mujeres a la esfera privada o doméstica, adjudicando a los varones el ámbito de lo público, el manejo del poder en todas sus esferas. El Poder Judicial no solo no es ajeno a ello, sino que, por el contrario, constituye un actor social de relevancia en esa «lógica machirula». 

¿Cómo es posible resolver conflictos sociales cada vez más complejos y diversos —que comprometen a diferentes tipos de identidades— cuando dicha pluralidad y riqueza que muestra el afuera no está reflejada en el adentro? En otras palabras, la media que integra el Poder Judicial está signada por un determinado patrón o perfil: varones, blancos, heterosexuales, clase media/alta; justamente el opuesto de los caracteres de un fuerte sector —cada vez más preponderante— del movimiento feminista que se identifica con lo popular.   

De este modo, se va tejiendo un entramado básico (o base) sobre el cual debería edificarse una RFJ en contraposición a los cimientos clásicos y conservadores que aún sostienen el poder estatal que más le debe a la ciudadanía, en atención a lo que ella misma piensa, critica y reclama del Poder Judicial. Para sintetizar, podríamos decir que el Poder Judicial clásico es patriarcal, privilegiado, cuasi vitalicio, jerárquico, escritural, corporativo, oscuro y discrecional. Por el contrario, el Poder Judicial contemporáneo que proponemos debe ser igualitario, transparente, oral. Adicionalmente, debe considerar la perspectiva de género y rendir cuentas, además de promover la oxigenación y renovación, y delimitar plazos y tiempos.  

Por otra parte, no se debe perder de vista que el Poder Judicial integra un sistema más complejo que debe ser advertido y tenido en cuenta a los fines de llevar adelante una reforma profunda, integral y sistémica. De allí la necesidad de observar el siguiente gráfico:

Es evidente que una transformación tan profunda debería ir acompañada de una necesaria planificación a corto, mediano y largo plazo. Para tal fin y como punto de partida, se deberían tener en cuenta dos consideraciones generales: 1) involucrar acciones de diferente tipología (reformas legislativas, políticas públicas, concientización y sensibilización, etc); 2) entender que se trata de una construcción abierta y permeable, debiéndose habilitar canales de debate múltiples, en especial, en clave territorial. En este contexto, es fácil advertir la mayor complejidad que encierra esta temática en comparación con otras conquistas sociales como lo ha sido la IVE.

Sobre la base de estas apreciaciones elementales se esgrimen algunos de los tantos principios o cimientos sobre los cuales se debería edificar una RJF.

Aportes del Consejo Consultivo, creado por Decreto 635/2020

El Decreto 635/2020 creó el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial de la Nación y Ministerio Público. Está conformado por once integrantes con paridad de género, pluralidad idelógica, diversidad en el perfil laboral y federalismo. Este Consejo Consultivo elabora un documento con propuestas y recomendaciones para introducir modificaciones sustanciales en los órganos de decisión más importantes en el ámbito de la justicia federal, muchas de ellas replicables en el orden local.

Esta labor ha sido el estudio más profundo y crítico que se haya desarrollado hasta la actualidad, en el marco del actual gobierno, encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kichner. Se esgrimen allí propuestas encaminadas a revisar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), los Ministerios Públicos, el Consejo de la Magistratura de la Nación y la figura del Juicios por Jurados. En el documento citado, la perspectiva de géneros (en plural) ocupó un lugar central, a punto tal que los cuatro ejes transversales sobre los cuales se edifican las recomendaciones plantedas giran en torno a: perspectiva de géneros, democratización del sistema judicial, federalismo e innovación tecnológica y agenda digital.

La gran mayoría de las propuestas han estado signadas por las siguientes ideas- marco que son las que deberían auspiciar un plan RJF en clave de justicia social. 

Democratización, dinamismo, oxigenación y transparencia 

En este sentido, se propone modificar y consolidar la ley de ingreso democrático (ley 26.861), introduciendo la perspectiva de género. Además, el documento recomienda la oralidad en los procesos, ya que el sistema escritural ha permitido que los/as juces/zas puedan esconderse detrás del papel y reafirmar el anonimato con el oscurantismo que se deriva de este tipo de actitudes. Otra de las recomendaciones tiene que ver con la publicidad de las acciones, por ejemplo, elaborar y difundir agenda de causas mínimas por resolver y con la rendición de cuentas. Además se propone profundizar los sistemas de audiencias públicas e intervencion de lxs amigxs del tribunal, con mayor participación de la sociedad civil. Por último, mayor involucramiento de lxs trabajadorxs en diferentes ámbitos de decisión y fijación de tiempos en la duración de los procesos y/o sentencias, entre otras.

Abordaje no punitivista 

El feminismo popular es de base no punitivista, es decir, entiende que la persecusión penal no es la respuesta estatal pertinente para resolver de manera compleja y profunda los conflictos sociales, siendo necesario revisar el rol del Poder Judicial en clave de autonomía, libertad y empoderamiento lo cual implica, a la par, analizar y diseñar de manera institucional estrategias que eviten la intervención judicial, más aún, la penal. 

Democracia paritaria con alternancia 

Se propone incorporar en los poderes judiciales a mujeres feministas y fomentar todo tipo de acciones positivas, que no solo reviertan la segregación vertical, sino también horizontal. Asimismo, se plantea profundizar la noción de alternancia como elemento que mejora la democracia paritaria, entre otras cuestiones.

Revalorización (formalización) de redes

En este sentido, se recomienda una mayor interacción horizontal entre los recursos formales e informales territoriales y los poderes judiciales además de una mayor participación de la sociedad civil feminista en las cuestiones atinentes a la justicia, fortalecimiento del litigio feminista, mayor control estatal en la terciarización de las ONG en talleres y otro tipo de dispositivos que utilizan los poderes judiciales al intevenir en procesos de violencia de género; etc.

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Ahora sí: propuestas y recomendaciones para una verdadera RJF

Teniendo en cuenta los cuatro ejes desarrollados más arriba, el Consejo Consultivo elabora propuestas concretas en clave de géneros para los distintos niveles del Poder Judicial. Intentaremos resumirlos a continuación.

Con respecto a la CSJN

• Integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la base de los principios de: paridad de género, integración federal y pluralismo ideológico.

• Fortalecer el sistema de audiencias públicas en el proceso de designación del juez o jueza de la CSJN, que deberían ser más de una y llevarse a cabo en distintos puntos del interior del país. 

• Regular de manera restrictiva el trámite para el nombramiento de los/las magistrados/as que hayan alcanzado los setenta y cinco años, de conformidad con lo previsto en el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional.

• Receptar una agenda de causas mínimas para que la ciudadanía conozca de antemano cuáles son las temáticas que le interesa abordar a la máxima instancia judicial federal y, a la par, facilitar la presentación de amigxs del tribunal.

• Limitar el poder discrecional del dictado de acordadas en materias que son competencia del Poder Legislativo.

Con respecto al Consejo de la Magistratura de la Nación

Cabe aclarar que las recomendaciones sobre el proceso de selección de magistrados/as se extienden a los procesos de selección de fiscales/as y defensores/as en lo que sea pertinente.

Sobre la integración

• Modificar la integración actual del Consejo de la Magistratura a partir de un criterio de igualdad de todas las representaciones (tres estamentos y el ámbito académico y científico), que deberían tener igual cantidad de miembros (25% del total reservado para cada una de ellas); siendo esta paridad la que mejor recepta la noción de «equilibrio» que demanda el artículo 114 de la Constitución Nacional. Todas las representaciones deberían respetar la paridad de género.

• En relación con la representación de los/as académicos/as y científicos/as, se sugiere integrarla con miembros provenientes no solo del ámbito del Derecho (por ejemplo, del Consejo Permanente de Decanos y Decanas de universidades nacionales o del Consejo Inter Universitario Nacional), sino también de otras profesiones y especialidades, sin que sea necesario para los últimos contar con el título de abogado. A esto se agrega que, a tal efecto, debería priorizarse la integración de académicos y científicos que observen versación y compromiso en temáticas de género, diversidad sexual, de derechos humanos y avances científicos aplicables al servicio de administración de justicia.

• Para asegurar la participación igualitaria de todos los estamentos en la conducción del órgano, se sugiere que la Presidencia sea ejercida de forma rotativa entre todas las representaciones, por plazo de un año y con alternancia de género. El orden del ejercicio de la Presidencia se resolverá por sorteo, que deberá realizarse al inicio del mandato del Consejo, por única vez.

Sobre el proceso de selección

• En relación con el proceso de designación de los/las consejeros, se considera propicio generar una instancia pública durante la cual la comunidad interesada pueda conocer a quienes integrarán el Consejo de la Magistratura de la Nación. En tal sentido, la designación de los/las consejeros/as debería tener como requisito la realización de una audiencia pública con el objeto de que la comunidad conozca a quienes lo habrán de integrar.

• Se debería establecer una cantidad mínima de reuniones periódicas, sobre todo al tratarse de un órgano cuya conformación se propone que sea con dedicación exclusiva y, teniéndose en cuenta el avance tecnológico, algunas reuniones podrían realizarse en modalidad digital.

• Se deberían profundizar acciones tendientes a transparentar el funcionamiento general del Consejo de la Magistratura de la Nación —como, por ejemplo, las dispuestas por Resoluciones CM 171/2020, 186/2020 y 210/2020—, máxime cuando cuenta con áreas o unidades creadas a este fin como la Agencia de Acceso a la Información Pública y la Unidad de Consejo Abierto y Participación Ciudadana.

• Sobre el fortalecimiento del enfoque de género en el proceso de selección, se recomienda implementar acciones positivas, como ser: a) planificación institucional; b) incorporación de la paridad de género en la ley 26.861 de Ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial y al Ministerio Público, debiéndose revalorizar este tipo de normativa que profundiza las nociones de igualdad y democracia; c) dar cumplimiento con la capacitación obligatoria que establece la «ley Micaela» (ley 27.499) a todos los/las integrantes del Poder Judicial de la Nación: empleados/as, funcionarios/as y magistrados/as; d) incentivar, motivar y estimular la inscripción de mujeres y otras identidades LGBTIQ+ al establecer que, si en un concurso no se logra la convocatoria de un cupo mínimo de esta población, se procede a su suspensión por un plazo razonable con el objeto de lograr que mediante diferentes acciones se pueda garantizar dicho cupo, de lo contrario, el concurso sigue su proceso con la inscripción alcanzada; e) ampliar el cupo laboral trans (decreto 721/2020) en el ámbito del Poder Judicial y del Ministerio Público; f) analizar el modo de incorporar las tareas de cuidado en la evaluación de los antecedentes; g) receptar la paridad de género en la conformación del jurado; h) integrar las ternas con aspirantes de diverso género; i) diseñar otras acciones positivas —normativas y reglamentarias— que aseguren la participación activa e igualitaria de la mujer en los ámbitos de decisión y planificación del Consejo y el Poder Judicial de la Nación.

• Modificar la perspectiva endogámica que prima en la etapa de evaluación de antecedentes y beneficia a las personas que se encuentran dentro del sistema judicial. A tal efecto, se propone receptar un sistema más equilibrado que asigne puntaje a quienes tienen trayectorias laborales vinculadas con la práctica, tales como participación en patrocinios gratuitos, en organizaciones de la sociedad civil directamente vinculadas con la práctica jurídica de la temática que se concursa, dirección y participación en proyectos de extensión e investigación afines, mayor valor al ejercicio de la profesión liberal, entre otros. De manera complementaria, la consejera Herrera y los consejeros Ferreyra, Gil Domínguez y Palermo sugieren que, en lo que respecta a la valoración de los antecedentes académicos, debería relativizarse el valor de la especialización de la Escuela Judicial. Además, recomiendan establecer dentro de las categorías de antecedentes académicos y profesionales un porcentaje significativo reservado a la acreditación de formación y desempeño en temáticas relativas a géneros y derechos humanos; su acreditación debería ser considerada de forma amplia (vgr. participación en organismos versados en esas temáticas, representación o asesoramiento en causas vinculadas, entre otros).

• La prueba de oposición debería involucrar la resolución de casos u otros planteos que permitan evaluar la formación integral y sistémica comprometida con los derechos humanos.

Sobre la Escuela Judicial y otras consideraciones

• Ampliar el espectro de destinatarios de las actividades que se desarrollan, promoviendo una institución más accesible, participativa y democrática. 

• Mejorar y optimizar los recursos humanos y materiales, profundizando las alianzas con las universidades nacionales.

• Federalizar su funcionamiento con el objeto de revalorizar los recursos académicos existentes en las diferentes provincias tanto en lo que refiere a integrantes del cuerpo docente, como en la integración de los jurados. 

• Prever la capacitación obligatoria de jueces y juezas.

• Establecer para los jueces y juezas un examen de actualización periódica. El juez o jueza que no lo apruebe deberá asistir a los cursos de capacitación indicados por el Consejo de la Magistratura de la Nación.

• Incorporar sistemas de rendición de cuentas por parte de los/las magistrados/as mediante diferentes acciones, tales como: a) realización de encuestas anónimas a usuarios del sistema sobre atención al/los justiciables organizadas por el Consejo de la Magistratura de la Nación en alianza con universidades nacionales u organizaciones de la sociedad civil de reconocida trayectoria en administración de justicia; b) información periódica y de acceso público sobre cantidad de sentencias dictadas al año, plazos, y otras variables que permitan conocer el funcionamiento de los tribunales y c) acreditación de cursos de actualización. 

• Los procesos disciplinarios deberían admitir que el o los denunciante/s tengan una mayor participación en el proceso administrativo sancionador. Idéntica posibilidad debería acordársele a organizaciones de la sociedad civil con reconocida trayectoria en el ámbito de la transparencia de los sistemas de administración de justicia. En este marco, se propone incorporar dos figuras: a) denunciante adherente; b) amigos del tribunal con el objeto de ampliar el debate al incluir a las universidades y organizaciones de la sociedad civil especializadas, además de brindar mayor publicidad y control sobre la actuación del jurado de enjuiciamiento.

• Algunos/as consejeros/as recomendaron que el Consejo de la Magistratura en ejercicio de su facultad reglamentaria dicte un código de ética porque
—como bien se dice— no solo hay que ser, sino también parecer. Por eso, actitudes como pretender desoír el límite de 75 años para ocupar un cargo en la magistratura a través de un planteo judicial, o jugar al paddle o cualquier deporte con quien encabezaba uno de los poderes del Estado como es el Ejecutivo en un sistema fuertemente presidencialista, constituyen comportamientos que —como diría el amigo Kornblihtt— no están bien, están mal.

Con respecto al Ministerio Público

• Introducir acciones positivas para contrarrestar el denominado «techo de cristal» que se observa el ámbito del Ministerio Público.

• Unificar «en espejo» la actualización del régimen de licencias con perspectiva de género, teniendo en cuenta las diversas formas de organización familiar (familias homoparentales, monoparentales, ensambladas y la puesta en crisis del binarismo hombre-mujer según la ley 26.743 de identidad de género).

• Garantizar criterios de igualdad para el ejercicio de las licencias laborales con el objeto de: a) promover un régimen de licencias paritario a partir del nacimiento de hijos/as, con la finalidad de reafirmar que las tareas de cuidado sean compartidas, para lo cual es necesario establecer un número mínimo de meses, no transferible entre los/as progenitores/as para garantizar la equidad en esta distribución; b) promover un régimen de licencias formulado a partir de un criterio de ejercicio compartido e igualitario de las tareas de cuidados (por ejemplo: reconocimiento de licencias para acompañar ambos a los/las hijos/as en sus actividades educativas o asistir a reuniones en establecimientos educativos durante horarios laborales). Se considera que medidas de esta índole podrían tener impacto directo para revertir la histórica asignación de roles en la división sexuada del trabajo sobre el goce del régimen de licencias.

• Promover la diversidad de género en la integración de las Fiscalías y Defensorías (o Comisiones o Direcciones) especializadas para evitar reforzar estereotipos en la asignación de responsabilidades funcionales (por ejemplo, que solo se integren con mujeres las Fiscalías especializadas en género y solo hombres en narcotráfico).

• Realizar investigaciones y diagnósticos no solo para proponer modificaciones en las reglamentaciones y prácticas vigentes que no logran acortar la brecha de desigualdad por motivos de género, sino que también permitan evaluar el impacto de tales cambios legales-institucionales.

Brevísimas palabras de cierre

Reformar para transformar. Estas palabras vienen retumbando hace tiempo en la academia crítica, es decir, la que aún tiene una voz minoritaria, pero cada vez con más resonancia social. Esto es así, en gran parte, gracias a la fortaleza y consolidación del movimiento feminista.

Una reforma judicial feminista constituye uno de los mayores desafíos del feminismo nacional contemporáneo. Se trata de una obligación ética y es una gran responsabilidad pensar cómo se diseña y estructuran los cimientos sobre los cuales se debe edificar un Poder Judicial bajo lógicas opuestas a las que se ha construido. Desafío complejo si lo hay. Podemos seguir siendo espectadoras y cómplices de un Poder Judicial patriarcal, clasista y privilegiado o seguir fortaleciendo el único movimiento territorial que en los últimos tiempos ha alcanzado transformaciones sociales centrales mediante retos complejísimos cuyo objeto y objetivos aún no están del todo definidos sino, todo lo contrario, siguen abiertos a interpelaciones. Ello no significa que no haya ya cimientos sólidos para deconstruir y reconstruir un Poder Judicial en clave nacional, popular, democrática y feminista.

En suma, como lo ha expresado la recordada Evita: «No hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos». Lograr que la ciudadanía se apropie, le importe e interpele al Poder Judicial constituye una de las piedras basales en este repensar la justicia que, sin lugar a duda, debe ser una justicia feminista.

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Bibliografía

Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público (2020). Propuestas y Recomendaciones. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/consejo_consultivo_para_fortalecimiento_poder_judicial.pdf

Poder Ejecutivo Nacional (2020). Decreto 635. Créase el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. Boletín Oficial del 30-jul-2020. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-635-2020-340469

Honorable Congreso de la Nación (2013). Ley 26.861. Ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación. Boletín Oficial del 3-jun-2013. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26861-215799

Honorable Congreso de la Nación (1994). Ley 24.430. Constitución de la Nación Argentina. Boletín Oficial del 10-ene-1995. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24430-804

Consejo de la Magistratura (2020). Resolución 171. Reglamento de concursos públicos de oposición y antecedentes – Modificación. Boletín Oficial del 05-ago-2020. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-171-2020-340716

———————————— (2020). Resolución 186. Reglamento de concursos públicos – Modificación. Boletín Oficial del 25-ago-2020. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-186-2020-341433

———————————— (2020). Resolución 210. Reglamento de concursos públicos – Modificación. Boletín Oficial del 9-oct-2020. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-210-2020-343021

Honorable Congreso de la Nación (2018). Ley Micaela. Capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres. Boletín Oficial del 10-ene-2019. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27499-318666

Poder Ejecutivo Nacional (2020). Decreto 721. Sector público nacional. Cupo laboral trans. 04-sep-2020. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-721-2020-341808

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Marisa Herrera
Marisa Herrera es Doctora en Derecho (UBA). Investigadora del CONICET. Profesora en la UBA y la UNDAV. Integrante del equipo de redacción del Código Civil y Comercial de la Nación en temas de familia, infancia, adolescencia, género y bioética. Integrante del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial de la Nación y Ministerio Público.
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